Habrá cambios en la Ley de Tráfico este mes de marzo, pero la adaptación de la normativa en busca de una mayor seguridad no cesa. La semana pasada se reunía el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, en un pleno presidido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y en esa sesión, el director general de tráfico, Pere Navarro, mostraba las principales líneas de la Estrategia de Seguridad Vial 2030.
La estrategia tiene como objetivos el propósito de Naciones Unidas y la Unión Europea de reducir en un 50 por ciento el número de personas fallecidas y heridas graves en siniestros viales. U objetivo ambicioso, que Grande-Marlaska ha calificado como “ilusionante”, y ha destacado que «es fruto de un proceso que aúna la visión de organismos supranacionales y nacionales”.
Y es que la ONU incluyó la seguridad vial en la Agenda 2030 como uno de los problemas principales de salud pública a los que hacer frente mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una estretagia que, según el ministro, se suma a “todas las políticas del Gobierno que de una u otra forma buscan un nuevo modelo de movilidad más moderno, eficiente, sostenible, saludable y seguro”.
Esta reducción de personas fallecidas se calculará respecto a las cifras de 2019, año en el que 1.755 personas perdieron la vida en las carreteras españolas. Un objetivo que esperan lograr progresivamente, mejorando las cifras cada año.
En el pleno, los miembros del consejo conocieron las actividades realizadas durante los dos últimos años en materia de seguridad vial, como la reducción del límite de velocidad a 30 km/h en vías urbanas de un carril; las nuevas normas que entrarán en vigor el 21 de marzo; o el nuevo título de Técnico Superior en Movilidad Segura y Sostenible de Formación Profesional, entre otras medidas.
